La pandemia por el coronavirus Covid-19 ha paralizado la vida de las personas y de las empresas. Se han visto obligadas a echar el cierre, y es importante para el tejido económico del país que no sea un cierre definitivo.

Con el objetivo de paliar esta situación y ayudar a las empresas se han ido aprobando una serie de medidas dirigidas a autónomos y pymes.

Medidas para facilitar la liquidez

Las primeras decisiones que tomó el Gobierno para paliar el impacto económico y social del coronavirus se incluyeron en el Real Decreto-Ley 8/2020 del pasado 17 de marzo. Lo que se busca es garantizar la liquidez de las empresas ante las dificultades transitorias que les está originando el parón de la actividad económica por la aprobación del estado de alarma es uno de los objetivos primordiales de este Real Decreto.

Por ello, en dicha norma se aprobó una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros. Gracias a estas medidas las empresas pueden acudir a sus entidades bancarias para renovar sus préstamos o solicitar otros nuevos con los que cubrir sus necesidades de circulante en estos momentos, para poder hacer frente al pago de facturas, salarios u obligaciones financieras o tributarias, entre otros.

En el primer tramo de esta línea de avales, se destinaron hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos para las PYMES y autónomos, y otros 10.000 millones para financiación a empresas que no reúnan esta condición por su tamaño.

El segundo tramo de la Línea de Avales, está dotado con 20.000 millones de euros. En este caso, la totalidad de los fondos están destinados para avales de las operaciones de pymes y autónomos.

Asimismo, en esta línea, el Gobierno ha autorizado también al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a ampliar su capacidad de endeudamiento neto en 10.000 millones de euros. El objetivo es lograr facilitar de manera rápida liquidez adicional a pymes y autónomos a través de las Líneas ICO ya existentes.

En cuanto a las medidas destinadas a las empresas exportadoras, CESCE pone ha puesto en marcha, a cuenta del Estado, una línea de cobertura aseguradora de créditos de circulante de hasta 2.000 millones de euros, que también tiene que solicitarse por medio de los bancos.

Las empresas beneficiarias de estas coberturas serán aquellas que realicen al menos un tercio de su facturación en mercados exteriores o que sean exportadoras regulares. La línea de crédito podrá atender a las necesidades financieras, internacionales y nacionales, como el suministro de bienes, la prestación .de servicios o cualquier otra que requieran las compañías internacionalizadas.

Aprobación de los ERTEs

Sin duda la medida que se ha hecho más popular y a la que se han acogido muchas empresas para evitar el cierre y los despidos ha sido la aprobación de los ERTEs.

El mismo Real Decreto-Ley 8/2020 especifica que la pérdida de actividad como consecuencia del Covid-19 tiene la consideración de fuerza mayor a los efectos de suspensión de contratos o reducción de jornada. Por medio de esta norma se agilizaron la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), aquellos que se presenten por fuerza mayor, como los que se aleguen por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Con esta norma, los trabajadores afectados por un ERTE tienen acceso a la prestación por desempleo, aunque no hubieran cotizado el tiempo suficiente para tener acceso a la misma. Además, durante el tiempo que estén afectados por la suspensión del contrato o la reducción de jornada no les computará a efectos de consumir la prestación.

Por otro lado, aquellas que hayan solicitado el ERTE por causa de fuerza mayor se les exonera del pago del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, y en el caso de que tengan menos de 50 trabajadores, del 100% de las cuotas, siempre que se comprometan a mantener el empleo.

Para los que se hagan ERTE por fuerza mayor, se ha simplificado la tramitación del procedimiento para ganar en agilidad. La empresa que esté interesada en acogerse a esta medida deberá iniciar la tramitación del expediente de regulación temporal de empleo ante la autoridad laboral correspondiente en cada comunidad autónoma, y dispone de un plazo de cinco días hábiles para solicitar, en nombre de los trabajadores afectados, las prestaciones correspondientes al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Para que se apruebe el ERTE, se deben cumplir las condiciones exigidas. Entonces la autoridad laboral lo autorizará y comunicará la resolución a la empresa y al SEPE, que reconocerá la prestación a los empleados incluidos y tramitará su pago.

En el caso de los ERTE por causas productivas, la norma incluye un periodo de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores de un máximo de siete días, antes de comunicar la decisión a la autoridad laboral, que instruirá el expediente, y al SEPE.

Medidas para los autónomos

Sin ninguna duda este ha sido uno de los colectivos más golpeados como consecuencias del cese de la actividad. Por eso el Gobierno creó una prestación extraordinaria por cese de actividad derivada de la declaración el estado de alarma.

Dicha prestación pueden solicitarla aquellos trabajadores por cuenta propia cuya actividad se haya visto interrumpida, o los que, aunque pueden seguir trabajando, su facturación se ha visto reducida un 75%.

La cuantía de esta prestación llegará hasta el 70% de la base reguladora del autónomo, y la cantidad mínima a percibir será de 661 euros. Dicha ayuda tiene una duración de un mes, la cual es prorrogable hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma.

El autónomo que la solicite acogerse a esta medida no tendrá que pagar la cotización social correspondiente a este periodo, que se contabilizará como efectivamente cotizado.

Igualmente, los autónomos y empresas afectados por la situación derivada de la pandemia que hubieran solicitado en los 10 primeros días naturales de abril, podrían aplazar las cuotas de la Seguridad Social de ese mes, a un interés del 0,5%, siempre que no tengan ningún otro aplazamiento anterior en vigor.

En cuanto a las cotizaciones de los meses de mayo, junio y julio, se podrán solicitar una moratoria sin intereses en su pago de hasta seis meses.

Y aquellas empresas y trabajadores por cuenta propia que no tengan derecho a esta moratoria podrán pedir el aplazamiento de las cuotas de estos tres meses al 0,5% de interés.

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