Ya en el pasado mes de julio, el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que se exigiría a las ciudades con más 50.000 habitantes establecer una zona de bajas emisiones. Esto afectaría a 145 municipios de nuestro país, que se verían obligados a implantar esta medida cuando el Gobierno lo considere oportuno.

En diciembre, la ministra (entonces en funciones) para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comentó la noticia durante la COP25, la cumbre climática que se celebró en Madrid, respondiendo directamente a los llamamientos de los grupos medioambientalistas. Estas acciones suponen un intento por reducir la contaminación del aire y frenar el cambio climático.

El famoso “Madrid Central” fue creado por la ex-alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y restringe el paso del tráfico rodado por una determinada zona del centro de la ciudad, conocida como “la almendra central”. Sólo se permite el paso de vehículos libres de emisiones, así como aquellos que se dirigen directamente a un espacio de estacionamiento, además de residentes, transporte público y carga y descarga de vehículos (estos en horas concretas y puntuales durante el día).

La medida se introdujo después de que Madrid y Barcelona, ​​entre otras ciudades del continente, fueran llevadas ante la Comisión Europea para explicar cómo pretendían atajar sus problemas de contaminación del aire.

Hasta entonces se habían estado imponiendo restricciones de tráfico dentro de la vía de circunvalación M-30 en los días en que los niveles de contaminación eran altos, algunas de los cuales tenían que ver con la numeración de las placas de matrícula. Un concepto complicado de controlar para la policía y autoridades involucradas, que también acarreaba problemas de organización a los usuarios, cuando muchas familias de la capital poseen dos vehículos y coincidían en par o impar las numeraciones de ambas matrículas, lo que dificultaba la rutina diaria de muchos hogares.

Con el cambio de Gobierno en la capital, esta medida parecía tener los días contados, pero la presión pública ha hecho que, por el momento, se mantenga en vigor.

Barcelona ha seguido este ejemplo y ha puesto en funcionamiento su ZBE (zona de bajas emisiones) este pasado mes de enero 2020, siendo esta área de bajas emisiones en el centro de la ciudad de hasta 20 veces el tamaño de Madrid Central, sumando un total de 95 km cuadrados.

Aunque otras capitales de provincia han comenzado a adoptar estrategias similares (Pontevedra, en Galicia, ha prohibido la entrada de automóviles a su centro), la mayoría sigue teniendo mucho tráfico durante las aproximadamente cuatro horas pico diarias en España.

La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Sánchez y uno de sus cuatro vicepresidentes, Teresa Ribera, dice que el gobierno ha optado ahora por no hacer cumplir la prohibición planificada sobre los automóviles diésel para el año 2040, sino que se está centrando en el acuerdo alcanzado por la Unión Europea, que convertiría a Europa en el primer continente que se plantea una descarbonización prácticamente completa para el año 2050.

Esto significa no producir más dióxido de carbono (CO2) del que se puede absorber, e incluye un plan para, además de tratar de reducir las emisiones, plantar más árboles que neutralicen el CO2 y generen más oxígeno.

Además, España quiere reducir sus emisiones de CO2 en una tonelada de cada tres para el año 2030, y pretende que todos los automóviles en sus carreteras estén libres de emisiones en el año 2050.

Ribera dice que no se otorgarán nuevos beneficios financieros a ningún productor de combustibles fósiles, en línea con los objetivos de la Cumbre del G20 en 2009, "excepto cuando esto sea justificable por razones sociales".

La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, afirma que su ministerio ha estado trabajando durante meses en la creación de incentivos financieros para las empresas que reduzcan sus emisiones y penalizaciones fiscales para aquellas que generen niveles más altos de contaminación. Este último método es, según Montero, un "elemento disuasorio" en lugar de una "fuente de ingresos".

Con partidarios y detractores prácticamente a partes iguales, seremos los ciudadanos los que comprobemos por nosotros mismos si estas medidas que como mínimo, vienen a descabalar las rutinas de unos, aunque otros sigan haciendo prácticamente lo mismo en su día a día, aumentan la calidad del aire, nos traen una mejor calidad de vida, nos acostumbramos a dejar el coche en casa o todo se queda en papel mojado y como decía la canción “la vida sigue igual”.

Lo que está claro es que al final, aprenderemos todos por dónde sí y dónde no (y cómo y en qué condiciones) podemos transitar con nuestros vehículos, aunque sea a golpe de multa.