Dicen las malas lenguas que el español lleva en los genes la picaresca, y por esta razón, esta pregunta se la hacen muchos, porque el “¿a quién le importa lo que yo transfiero o dejo de transferir?” está en el aire y uno de los temas que más quebraderos de cabeza ha traído a los ciudadanos de nuestro país es la cantidad de dinero que se puede enviar en una transferencia sin que “suenen las alarmas”.

En realidad, nosotros como usuarios no tenemos que “declarar” ninguno de nuestros movimientos bancarios; será el banco quien se encargue de ello. Y lo que hacen es “informar” a la Agencia Tributaria de las operaciones que realizamos, si superan determinados importes. Los bancos están obligados a proveer nuestros datos si Hacienda así se lo requiere. Y también están obligados a comunicar los movimientos a partir de ciertas cantidades, ya que ellos deben justificar ante la AEAT la recepción de ese dinero.

Generalmente, la primera información que obtiene Hacienda respecto de los ciudadanos es aportada por ellos mismos. Además, en el borrador de la declaración de Hacienda, se refleja nuestra cuenta bancaria, por lo que, a partir de estos datos, ya pueden conocer nuestros movimientos en esa cuenta si lo desean. Los bancos también le remiten a Hacienda la información fiscal que nos llega para hacer la declaración de la renta y pagar el impuesto sobre el patrimonio. 

Cualquier movimiento que tenga que ver con ingresos, retiradas o transferencias, debe ser notificado por el banco a Hacienda. Informan sobre la cantidad y la vía por la que se efectuó la operación.  Por supuesto, no todos esos movimientos se comunican, ya que además de laborioso y costoso de cotejar, supondría un control que abriría un nuevo debate sobre otro tema.

Los notificados son los que superan ciertas cuantías que detallamos a continuación:

 

·       Préstamos o créditos por valor igual o mayor de 6.000 €

·       Cobros o pagos por valor superior a 3.000 €, si es en metálico

·       Transacciones iguales o mayores a 10.000 €

·       Cualquier operación efectuada con billetes de 500 €, independientemente de su importe.

 

Si te encuentras en cualquiera de estos casos, no hay ningún impuesto ni tasa que deba ser abonado; simplemente, la Agencia Tributaria quiere saber la procedencia del dinero, para saber si constituye un incremento patrimonial que pueda afectar al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por tanto, deba figurar en la declaración.

 

A partir de abril de 2010, y en virtud del artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, existe algún caso concreto en el que la persona física debe informar a la Agencia Tributaria directamente (y no su entidad bancaria) y es cuando en una operación, transacción o movimiento se abone, retire o mueva por territorio nacional una cantidad que iguale o supere los 100.000 € (o su valor en divisa extrajera). Quedan incluidas transferencias u operaciones en efectivo. 

Otro supuesto sería la entrada o salida del país de importes iguales o superiores a 10.000 € (o su valor en divisa extrajera). Como en el caso mencionado, se incluyen los movimiento físicos o bancarios.

 

En este caso, debemos cumplimentar y presentar un impreso (el modelo S1), para acreditar la procedencia lícita del dinero. Aquí terminaría el trámite, ya que queda convenientemente justificada la obtención de ese importe. Lo bueno es que puede hacerse de manera telemática, es decir, puedes rellenarlo por internet y no es necesario desplazarse a ninguna sede de la AEAT. Además, y a diferencia de otros documentos, no hace falta identificarse a través de cl@ve PIN o certificado electrónico.

Cabe resaltar que la presentación de este modelo a la AEAT debe realizarse, en cualquier caso, antes del movimiento del dinero.

Toda la información que obtiene la Agencia Tributaria podrá estar accesible para las agencias tributarias de otros países pertenecientes a la Unión Europea o países con acuerdos de colaboración con el nuestro en materia de lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.

Puedes estar preguntándote qué pasaría si te ahorras toda esta burocracia… pues sí, tiene sus consecuencias. El artículo 57.3 de la Ley 10/2010 dispone que, si no presentamos la justificación ante Hacienda de los movimientos arriba mencionados, nos arriesgamos a recibir una multa que oscila entre los 600 € o el doble del dinero que has ingresado.

Y si “pasas” de rellenar el formulario, pero, además tampoco puedes justificar de dónde procede el dinero, la multa crece, ya que oscilaría entre los 60.000 y los 150.000 €

Ahora ya sabemos lo que tenemos que declarar o informar acerca de nuestras transacciones, movimientos bancarios o incrementos patrimoniales… si no queremos arriesgarnos a que nos salga más caro el collar que el galgo.