El recién estrenado Gobierno ya ha anunciado nuevas medidas que pretende poner en marcha durante su mandato, pero por la situación que ha habido hasta este momento, el Gobierno en funciones tenía limitado el margen de maniobra para crear o subir los impuestos.

A día de hoy seguimos sin nuevos Presupuestos Generales para el presente ejercicio, y no se ha podido aprobar el último proyecto de ley de los mismos, por falta de apoyos en la cámara baja. Por este motivo a fecha 1 de enero quedaron automáticamente prorrogados los presupuestos vigentes, que son los últimos que fueron aprobados aún con Rajoy en el gobierno.

El pasado mes de octubre, el Gobierno en funciones tenía que enviar a la Unión Europea el Plan Presupuestario para 2020. En dicho plan no se ha incluido ninguna medida que incremente los ingresos del Estado, ni el paquete tributario que se preveía en el proyecto de Presupuestos Generales de 2019, ni las nuevas figuras tributarias que sí se incluyeron en el Programa de Estabilidad 2019-2022 enviado a Bruselas a finales de abril.

Entonces, el Gobierno en funciones preveía varias subidas de impuestos como el de Sociedades o el IRPF y la implementación de otros tributos de nueva creación incrementasen la recaudación de la Hacienda pública en 5.654 millones de euros.

Previsión de subida de impuestos

Ya antes de ser investido como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció medidas tributarias entre las que se incluyen subidas de impuestos y creación de nuevas figuras impositivas. Estos tributos están enmarcados en la estrategia del anterior Ejecutivo para incrementar la recaudación y acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno.

Las subidas más significativas en los impuestos ya existentes son:

  • Subida del Impuesto de Sociedades. Según el proyecto de Presupuestos para 2019 se fijaba un tipo mínimo para este tributo del 15% para grandes compañías -cuya cifra de negocios fuese igual o superior a 20 millones de euros-, y del 18% para entidades bancarias y empresas de hidrocarburos. Al contra estás las PYMES – que facturen menos de un millón de euros-, a las que se les rebajaba el tipo nominal del 25 al 23%.
  • Subida del IRPF. El proyecto de Presupuestos para 2019 preveía una subida de dos puntos en este impuesto para los contribuyentes que tuviesen rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las que excedan los 300.000 euros. Asimismo, el tipo estatal sobre la base del ahorro se incrementa en cuatro puntos (del 23 al 27%), para las rentas del ahorro que superasen los 140.000 euros.
  • Subida del Impuesto del Patrimonio. Se preveía una subida del 1% en el tipo aplicable a grandes patrimonios, los superiores a 10 millones de euros.

 

Por otro lado, el Gobierno pretendía la creación de nuevas figuras de impuestos relacionadas con las transacciones financieras, la economía digital y la fiscalidad verde, en una estrategia coordinada en el marco establecido por la Unión Europea. Estos nuevos impuestos, venían incluidos en el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas al igual que el proyecto de los presupuestos de 2019.

Sin embargo, estos nuevos tributos aún no han sido formalmente aprobados, pero se espera que este año sean aprobados por el nuevo gobierno:

Nuevo impuesto al diésel. Según afirma el Gobierno la imposición de este nuevo impuesto no tendría un objetivo recaudatorio, sino de protección del medioambiente y que pretende igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina. La pretensión es incrementar los impuestos que se aplican a los gasóleos, en una subida de 38 euros por cada mil litros, pero sin afectar al gasóleo de uso profesional ni al bonificado, es decir que no afecte ni a transportistas ni a agricultores. Con esta media se pretende recaudar un total de 670 millones adicionales.

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Este tributo es más conocido como la “tasa Google”. Con su aplicación se pretende gravar, a un tipo del 3% los ingresos obtenidos en España por parte de las grandes compañías internacionales a partir de ciertas actividades digitales que no están reguladas en el actual marco fiscal, como son los ingresos generados por servicios de publicidad o de intermediación online o la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. Este tributo se aplicaría a empresas con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros y cuyos ingresos derivados por estas actividades en España superasen los tres millones de euros. Con esta imposición se esperaba recaudar 1.200 millones de euros extra al año.

Impuesto sobre las Transacciones Financieras. El objetivo de este nuevo impuesto, más conocido como la “tasa Tobin” era gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que interviniesen en la operación, o del lugar en que se negociasen. Con este nuevo tributo el gobierno planeaba ingresar 850 millones de euros.

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